Hoy se celebra el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas
Un grupo de expertos de la ONU revisa más de 2.000 desapariciones forzadas en 2024
30 de agosto de 2024.
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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, se pone de relieve una preocupante realidad que continúa afectando a miles de personas y sus familias en todo el mundo.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones internacionales y gobiernos para erradicar esta práctica, los datos de 2024 indican que las desapariciones forzadas siguen siendo un problema grave y persistente.
Un grupo de expertos revisó más de 2.000 casos en 2024
Durante la 132ª sesión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, celebrada en enero de 2024, se revisaron más de 2.000 casos de desapariciones forzadas en 36 países. En una sesión posterior, en mayo, se examinaron otros 586 casos de 30 países más. Estos casos involucran tanto a desapariciones a manos de actores estatales como de actores no estatales (OHCHR).
Estos datos indican que, a pesar de los esfuerzos de organismos internacionales y gobiernos, el problema de las desapariciones forzadas persiste y afecta a muchas regiones del mundo, especialmente en regiones afectadas por conflictos armados, inestabilidad política y donde los derechos humanos son sistemáticamente violados. La comunidad internacional continúa abogando por mayores medidas de prevención, investigación y justicia para las víctimas y sus familias.
Las regiones más afectadas son países en conflicto
Las regiones más afectadas por desapariciones forzadas son América Latina, Siria, Irak y Afganistán, y países africanos, como Egipto, Etiopía y Nigeria. En Europa y Euroasia, Rusia sigue siendo el país con más reportes de desapariciones forzadas.
A nivel internacional, organismos como la ONU y organizaciones no gubernamentales continúan presionando para que se investiguen estos crímenes y se protejan los derechos humanos.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006), ratificado por numerosos países, establece un marco legal para combatir estas prácticas. Sin embargo, la implementación efectiva de estos instrumentos legales enfrenta desafíos significativos debido a la falta de voluntad política y la resistencia de algunos estados a cooperar.